Conclusiones del «Debate sobre Lawfare» en la Facultad de Derecho de Oviedo

El 8 de mayo de 2024, en el Aula 322 de la facultad de derecho, nos reunimos para hablar y analizar el fenómeno del lawfare. Lo que debía ser un baño de masas de la CNT en la Universidad reclamando la Confederación Ibérica se transformó en un fructífero grupo de trabajo. Los ponentes analizamos, elemento por elemento, los distintos componentes y aspectos del estudio.
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Sobre el papel de la judicatura

Comenzamos intentando dar una definición del término.
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El profesor de Derecho Constitucional, Benito Aláez, apuntaba a que el término era confuso. Que el abuso del recurso a los tribunales siempre ha existido históricamente, por lo que no hay nada especialmente nuevo en estas prácticas, salvo que el uso de las telecomunicaciones, redes sociales y la difusión masiva de las fake news -también los procesos judiciales falaces- producen un daño en la reputación individual mucho mayor que antes. Mostraba, como ejemplo de la presencia histórica del lawfare, el que la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa prevista en la Constitución de 1978, precisamente ante el temor de procesos infundados para dañar al adversario político y alterar la normal formación y función del parlamento.
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Diego Díaz, director de la revista Nortes, incidía en que el lawfare se produce en altas instancias y es capaz de remodelar regímenes y políticas. Apuntaba a que el intercambio de denuncias, réplicas y contraréplicas legales, son usadas extensivamente tanto por la izquierda como por la derecha.
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Sergio, afectado en el caso la Suiza, aseguraba que los montajes policiales eran apoyados y sostenidos por los tribunales más allá de la evidencia. Estos eran concomitantes y necesario para justificar las causas, y recordaba casos flagrantes y actuales como los del Caso Araña, Caso Piñata, Caso Pandora, Caso ICE…., pero no relacionaba las oleadas represivas específicamente al fenómeno del lawfare, sino a operaciones policiales instrumentalizadas.
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Pablo, de CNT Oviedo, apunta a que un hecho diferencial es que en estos momentos ni siquiera es necesaria la intervención policial, ya que las causas se arman a partir de recortes de prensa y sus bulos; hechos  inventados. No se observa límite real a este fenómeno, ya que cada día aumenta el volumen de bulos conforme aumentan todas las comunicaciones. Los medios más nocivos no son los tabloides que más desinformación emiten, sino aquellos medios aun con credibilidad y prestigio que mezclan realidades con ficciones, dificultando el discernimiento; y facilitando el cambio de tendencia en la opinión pública.
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Los presentes analizan el uso político de los tribunales. Se debate sobre la calidad jurídica. La impresión es que hay un empeoramiento de la calidad debido a la situación política de bloqueo del CGPJ, el órgano de gobierno del poder judicial.
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Benito indica que España tiene unos niveles de «calidad judicial» parecidos a los de otros países occidentales, evaluable a partir del número de veces  ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,  similares a nuestro, como Francia, Italia, Portugal o incluso Alemania. España sobresale con respecto a la media de litigiosidad judicial de los países miembros de la UE en la litigiosidad ante lo penal; precisamente los destinatarios de las denuncias y querellas que pretenden practicar lawfare.
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Sobre las medidas específicas al problema de la renovación del CGPJ, su impresión es que la coalición de Gobierno actual probablemente pretenda una reforma de la ley reguladora de dicho órgano para superar el bloqueo de renovación que, incumpliendo la Constitución, ya dura 6 años. Probablemente se pretende que en lugar de renovarse los 12 vocales de origen judicial por una mayoría de 3/5 de cada cámara, se haga por mayoría absoluta (la mitad más uno), pero afirma que, si tal es el caso, es probable que, la luz de las manifestaciones existentes de la Comisión Europea, esta medida será cuestionada por la UE y conlleve medidas sancionadoras contra nuestro país.
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Diego menciona que otra parte del lawfare y el encarnizamiento judicial es ejercido a menudo por la acusación popular, que pone en marcha la maquinaria judicial. Un mecanismo de sanción popular que ha dado resultados positivos, como fueron el caso GAL. En el caso NOOS fue el sindicato ultracatólico Manos Limpias quien ejerció esta acusación, mientras que, posteriormente, la misma asociación ha ejercido la denuncia de forma espuria contra multitud de otras entidades, como el lawfare contra la mujer del presidente del gobierno Pedro Sánchez.
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Todos están de acuerdo con que las prácticas de lawfare van a incrementarse y que son potenciados por las RRSS. Esto nos lleva a considerar el papel de los medios, su deber de información y su capacidad.
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Sobre los medios

Diego sostenía que durante la historia, el libelo, la pulla, el insulto, la deformación de la historia [revisionismo], la censura y hasta la mentira, son constantes. Recordaba el siglo XIX, cuando los desmentidos de noticias eran cuestión de duelos con pistola y espada entre periodistas. Sostenía que los medio públicos eran más proclives a la sanción y al control, mayor calidad y solían proporcionar mejores condiciones de trabajo.
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Benito menciona que el tipo de comunicación pública moderna es diametralmente distinto al tradicional. Antiguamente se orientaba a la deliberación racional de una minoría social que podía leer y escribir, y por tanto participar; dejando más a un lado la apelación a cuestiones emocionales. Actualmente, con las nuevas tecnologías de la comunicación, y particularmente las RRSS, se trata de excitar las emociones de la ciudadanía, focalizando la comunicación en datos u opiniones, en muchos casos tergiversados o falsos, pero que coinciden con los prejuicios de quienes lo reciben, provocando su polarización hacia uno u otro bando. Muy difícil de combatir porque trasciende la comunicación política y está presente en casi todas las formas comunicación pública contemporáneas.
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Pablo dice que los medios, públicos y privados, son usados de forma partidista y conforme  a sus propios intereses, más allá del interés geneal. En el caso de los públicos, hay casos de uso espurio de las televisiones de las distintas CCAA, particularmente flagrante en la TVGA y Telemadrid, en contraste con los contenidos de calidad reconocidos de La2.
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Se produce en interesante debate entre Benito, exponiendo los problemas de los medios públicos por medio de su experiencia en RTPA, y Diego, que presta su visión tras su experiencia en múltiples medios privados, como el suyo propio o La Nueva España. Esto lleva a la concurrencia a preguntarse por lo intereses particulares, el interés general y por las diferencias entre formar, informar y el papel de entretener.
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Diego indica un hecho fundamental, que es la popularización y difusión de los medios de comunicación profesionales, semiprofesionales y expertos. En un entorno de tanta competencia, se diluyen los  beneficios, por lo que los medios cada vez son más pequeños. Es por ello que la Publicidad institucional mantiene importantes aportes monetarios, funcionando como sostenedor de los medios más grandes. Cree muy importante controlar este tipo de publicidad.
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Sobre las instituciones e intereses
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El debate sobre los medios públicos y sus intereses lleva a un debate sobre el interés general, el interés particular, la representatividad y la legitimidad de la misma de las instituciones.
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Benito sostiene que son las instituciones democráticas las legitimadas para gestionar y determinar los contenidos de interés público. También que las herramientas jurídicas existentes para la participación ciudadana directa a nivel municipal (pone como ejemplo la posibilidad existente desde 2003 de que un 15% de los electores de un ayuntamiento pidan al alcalde/sa que convoque un referéndum sobre un tema de competencia municipal), son ampliamente infrautilizados por la ciudadanía.
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Toño, activista, observa que asociaciones y agrupaciones reflejan y conducen el sentir del pueblo [el interés general], pero que tienen poca representatividad y que deberían potenciarse.
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Benito indica que, las asociaciones de vecinos, tercer sector, ONGs etc, son actores particulares y no ostentan legalmente la representación de la ciudadanía, porque no están articuladas ni sometidos a los mecanismos democráticos de elección y control, como sí lo están las instituciones. Representan sus propios intereses, que pueden coincidir con los intereses generales, como sucede a menudo. Pero quien tiene que hacer esa valoración son los representantes democráticamente elegidos en cada uno de los niveles de gobierno representativo que existen.
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Pablo dice que todas las instituciones tienen sus intereses particulares (por su localización, actividad, recursos, usuarios, de calidad…), y que sufren presiones de los distintos grupos particulares por ver sus intereses reflejados. Que cuando nos fijamos en el ‘cui bono’, las instituciones pueden deslegitimizarse, al atender siempre a los mismos intereses particulares [teoría del contrapoder].
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Juan Luis, cenetista histórico, apunta a cómo ha cambiado la consideración de lo aceptable y lo inaceptable con el tiempo, ya que mientras que en los años 1970 y 1980, huelgas, concentraciones e incluso violencia [cortes de calle, barricadas, petardos], eran aceptables, ahora la sociedad está sometida a mayor sanción. Recordaba las huelgas mineras de los años 80 frente a la represión sufrida actualmente, poniendo ejemplo la dura represión en la Huelga del Metal de Cadiz en 2021, en que a penas huvo disturbios. Apunta a cómo leyes, como la Ley de seguridad Ciudadana, se convierte en la Ley Mordaza, capaz de paralizar una generación.
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Diego, en alusión a las mismas huegas, menciona que es la generalización, la masividad y la práctica continuada de unos métodos, los que generan la tolerancia a esas mismas.
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Se produce un debate sobre las capacidades represoras de los estados.
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Sobre la regulación de la información

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Pablo pregunta si hay alguna solución a la desinformación generalizada. Esta está impulsada por la digitalización, RRSS y todo tipo de mecanismos de comunicación. Los factchecker no han funcionado. Dice que si hay una actividad colegiada, esta está sometida a un código deontológico vinculante para los miembros.
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Toño opina que se acabará legislando, y que la última Ley de Financiación de Medios aprobada en Europa es un principio.
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Diego recuerda que hay una tendencia a que todas las iniciativas legales se vuelvan en contra de su espíritu original para el que fueron ideadas, y finalmente acabará con el cierre de todo tipo de medios, sanciones a verdaderos profesionales y censura de ciertos argumentos y narrativas.
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Notas

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